LOS ÁNGELES, CA – 14 de junio de 2025 – El Tribunal de Apelación de California ha confirmado el veredicto de un jurado de un millón de dólares contra el Distrito Escolar Unificado de El Segundo, reafirmando que el distrito fue negligente a la hora de proteger a la entonces estudiante de secundaria Eleri Irons del incesante acoso y abuso emocional a manos de sus compañeros de clase.

Esta decisión se produce más de dos años después de que un jurado del condado de Los Ángeles declarara responsable al distrito por no intervenir cuando Eleri, que entonces sólo tenía 13 años, soportó meses de acoso verbal, rumores crueles y, finalmente, una petición titulada «Acaba con la vida de Eleri Irons» que circuló entre los alumnos. A pesar de ser conscientes de las amenazas, los funcionarios del colegio no tomaron medidas significativas, no avisaron a sus padres y no siguieron sus propias políticas antiacoso.

En lugar de pagar la sentencia y asumir su responsabilidad, el Distrito Escolar Unificado de El Segundo optó por recurrir el caso en apelación, lo que no hizo sino prolongar la batalla legal, obligando a una estudiante ahora en edad universitaria a seguir reviviendo uno de los periodos más traumáticos de su vida.

La sentencia del tribunal de apelación rechazó de plano las alegaciones de inmunidad del distrito y confirmó la conclusión del jurado de que los empleados de la escuela incumplieron su deber obligatorio de proteger a un niño vulnerable.

«Esta sentencia confirma lo que el jurado ya sabía: a Eleri le fallaron a todos los niveles las mismas personas que debían protegerla», declaró Christa Ramey, abogada de ACTS Law. «En lugar de asumir su responsabilidad y apoyar la recuperación de esta joven, el distrito optó por gastar el dinero de los contribuyentes luchando contra ella en los tribunales durante años. Eso no es liderazgo. Eso es cobardía».

En el momento del veredicto, El Segundo Unified emitió una declaración pública afirmando que «haría lo correcto». Sin embargo, hasta la fecha, el distrito se ha negado a pagar la sentencia y no ha asumido ninguna responsabilidad pública significativa por su inacción. La sentencia de apelación lo deja claro: el distrito no estaba por encima de la ley, y su omisión de proteger a Eleri tuvo consecuencias graves y duraderas.

Esta decisión sirve de precedente para la seguridad de los alumnos, la responsabilidad escolar y las consecuencias reales de ignorar las denuncias de acoso escolar. Este caso fue juzgado por Christa Ramey, abogada de ACT Law, y Siannah Collado, abogada de Stalwart Law Group, en agosto de 2022 en un tribunal de Van Nuys.

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